MILITARIZACION POLICIACA/CASO PADRÉS

01 de diciembre 2017.- Esta semana ha generado cierta polémica la propuesta de PEÑA al Congreso Federal; la Ley de Seguridad Interior básicamente formaliza lo que ya ha sucedido desde hace al menos 1 década: La transición del ejército, de lo militar a lo policíaco.

Ha sido mucho el interés del gobierno federal en el tema, por lo que evidentemente buscan desembarazarse de inconvenientes con los estados de la federación que cuestionan el proceder militar; aquellos estados en manos de la oposición pues donde son de casa no hay inconvenientes, obviamente.

Resulta lamentable que la apuesta sea la militarización de la seguridad, como si los mexicanos no estuviéramos hartos de una inseguridad que nos golpea hoy y mañana también aun con gendarmerías, marinas, etc.

Recordemos que a mediados de este año se conoció información nacional en la que un grupo de 6 miembros de la Marina nacional procedieron a secuestrar a un próspero empresario en la CdMx.

Los militares, todos miembros del Batallón de infantería 29, enfrentan hoy procesos penales por privación ilegal de la libertad; un delito grave. Pensar que este caso es sólo el “prietito” en el arroz es pensar puerilmente.

Son un sinfín de casos en los que nuestro “glorioso” ejército ha sido protagonista de hechos condenables; ahí está la matanza de Tlatlaya, un asunto tan grave que a decir de algunos analistas ameritó provocar la desaparición de 43 normalistas para dejar de hablar de ese caso mientras caía el gobernador perredista de Guerrero ANGEL AGUIRRE y se inculpaba al gobierno de Iguala, encabezado por el hoy preso José Luis Abarca. Atrás en el tiempo, en 2010, el caso de los tres soldados involucrados en el asesinato de alumnos del TEC; en 1975, la matanza de San Ignacio Rio Muerto, donde se encontraron casquillos de M-1, arma reglamentaria de la milicia. Y así, podemos hacer una lista larga.

Ahora, después de todo lo que se ha vivido, el incomprensible gobierno federal pretende hacernos sentir que con la militarización de la seguridad pública todo va a estar mejor. Tal vez si ponen de ejemplo a Cajeme, con la paz que los militares han traído, todos acepten de buena gana la nueva ley. Como sea, ya sabemos que la ley se palomeará.

El tema de PADRÉS y su eventual liberación ha generado reacciones diversas, la mayoría de repudio, aunque aquellos que de alguna forma se beneficiaron en su régimen adoptan posturas revanchistas y triunfalistas en las redes sociales.

Llamó la atención el plazo de 10 días que solicitó el Juez cuarto de distrito de procesos penales para declarar insubsistentes las pruebas de la PGR contra Padrés por delincuencia organizada; esto por orden del Juez Quinto de Amparo y juicios federales. Qué sucederá en esos 10 días?

Por lo pronto acá en Sonora los yaquis, productores agrícolas, políticos y el mismo gobierno del estado han mostrado su inconformidad por la probable salida del reclusorio de quien tanto agravió a la ciudadanía.

La situación ha llegado al punto que el diputado local priista, DAVID PALAFOX, ha denunciado a miembros de la PGR que podrían haber actuado con prevaricación en el asunto; total que desde los tiempos de ARELY GOMEZ en la titularidad de la PGR la propia gobernadora PAVLOVICH ha sido crítica exigiendo una mejor forma de actuar.

Considerando que al inicio de su mandato la gobernadora apostó con todo por el combate a la corrupción, a estas alturas quien debe estar muy presionado debe ser ODRACIR ESPINOZA, titular de la fiscalía anticorrupción, quien no ha logrado gestionar lo suficiente para darle una satisfacción a los sonorenses, al contrario, es hora que ni ROBERTO ROMERO y dama que le acompaña, ni CARLOS VILLALOBOS, ni JORGE MORALES, etc. han rendido las debidas cuentas a los sonorenses.

Saludos!

 

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